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Hay noticias que se explican solas. Usted maneja por una ruta nacional, esquiva un pozo, después otro, ve un cartel de obra que parece sobreviviente de otra administración y piensa: “¿Y la plata para arreglar todo esto dónde está?”
Bueno. Esa pregunta, tan argentina como parar en una YPF por un café recalentado, terminó llegando al Congreso y a la Justicia.
Una investigación reveló que durante los primeros dos años y medio del gobierno de Javier Milei ingresaron más de $1,5 billones al fideicomiso del Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, creado justamente para financiar construcción, mantenimiento y mejoras en rutas y obras viales. Sin embargo, apenas alrededor de una cuarta parte de ese dinero habría sido aplicado directamente a infraestructura. A fines de mayo de 2026, más de $1 billón permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos.
Y ahí empezó el incendio.
Porque no estamos hablando de una caja misteriosa encontrada atrás de un ropero. El SisVial se nutre, entre otros recursos, de impuestos vinculados a los combustibles. Es decir, plata que aparece cada vez que un argentino carga nafta o gasoil y que tiene una finalidad establecida. De hecho, durante agosto el Gobierno volvió a actualizar los montos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono.
La controversia creció todavía más cuando el propio Gobierno reconoció que parte de esos fondos fueron utilizados dentro de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal. Según explicó oficialmente el vocero presidencial, recursos del SisVial fueron administrados financieramente con ese objetivo.
Dicho en criollo: mientras buena parte de las rutas esperaba arreglos, una porción importante del dinero estaba ayudando a ordenar las cuentas del Tesoro.
El problema es que una cosa es defender el déficit cero como política económica y otra bastante distinta es determinar si recursos con una afectación específica podían ser utilizados de esa manera. Y ésa es justamente la discusión que ahora empieza a caminar por tribunales.
La oposición avanzó con denuncias y pedidos de investigación por posibles delitos vinculados a la malversación de caudales públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En Diputados también comenzaron a impulsarse debates alrededor del destino del dinero del sistema vial.
Mientras tanto, está la otra mitad de la historia: las rutas.
Informes citados en las investigaciones describen un deterioro importante de la red vial nacional y sitúan en torno al 70% la proporción de rutas con algún grado de condición deficiente. A eso se suma el fuerte freno de la obra pública desde diciembre de 2023 y los reclamos sostenidos de gobernadores, intendentes, transportistas y cámaras empresarias por mantenimiento e infraestructura.
Y el SisVial no sería un caso completamente aislado.
Un análisis de distintos fideicomisos públicos reveló que durante 2024 y 2025 esos fondos acumularon un superávit cercano a US$3.000 millones, mientras parte significativa de sus recursos fue invertida en instrumentos financieros y títulos públicos para contribuir al objetivo fiscal del Gobierno.
La Casa Rosada podrá argumentar, y seguramente lo hará, que los recursos no desaparecieron, que siguen perteneciendo al Estado y que una administración financiera eficiente permitió preservar fondos mientras se buscaba estabilizar una economía que recibió con enormes desequilibrios.
La oposición sostiene exactamente lo contrario: que si un impuesto fue creado para mantener rutas, debe utilizarse para mantener rutas, y no transformarse en una herramienta para maquillar o mejorar el resultado fiscal.
Ahora será la Justicia la que deberá establecer dónde termina una decisión administrativa y dónde podría empezar una irregularidad.
Los argentinos tenemos una relación bastante particular con las rutas.
Durante décadas vimos presidentes cortar cintas, gobernadores inaugurar kilómetros, funcionarios posar con casquitos amarillos y carteles gigantes anunciando obras que algunas veces se hicieron y otras quedaron esperando como el colectivo que nunca viene.
Cambian los gobiernos. Cambian los slogans. Cambian los ministros.
El pozo, admirablemente, suele conservar el cargo.
Y uno recuerda aquellas viejas rutas argentinas de los 70, los 80 y los 90, cuando viajar significaba cargar el termo, acomodar a los chicos atrás sin cinturón porque todavía vivíamos peligrosamente y rezar para que el Renault 12 no levantara temperatura.
Cincuenta años después tenemos GPS, autos con ocho airbags, celulares que nos dicen dónde doblar y satélites mirando desde arriba.
Pero seguimos preguntando exactamente lo mismo:
“¿La plata de la ruta dónde fue?”
Porque los archivos tienen esa costumbre bastante molesta: uno los abre y descubre que algunos debates argentinos no envejecen.
Sólo cambian de patente.
