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El Gobierno y los bancos enfrentan una resistencia creciente ante una ofensiva silenciosa que se gestiona en el Congreso para regular el sistema financiero y las plataformas digitales. En total, hay 30 proyectos —la mitad presentados este año— que buscan aliviar la situación de las familias endeudadas mediante topes en las tasas, planes de hasta 36 cuotas e impuestos a las entidades financieras, entre otras medidas.
Hace dos semanas, en un encuentro del sector bancario se encendió la alarma cuando la oposición intentó convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 20 de mayo con el fin de tratar este conjunto de iniciativas. De las 30, 16 tienen giro a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Aunque la sesión no prosperó por falta de quórum, la acción aceleró el lobby subterráneo de los bancos.
Un representante de un grupo bancario manifestó su preocupación porque se impongan retroactivamente condiciones en los contratos a través de una ley, en vez de resolver cada caso de manera individual. Según señalaron, el 40% de los créditos en mora ya están siendo refinanciados, pero temen que, a raíz de la discusión legislativa, los clientes soliciten nuevos mecanismos de alivio o aumenten los casos de fraude.
Los proyectos contemplan facilidades para moratorias familiares y empresariales con plazos de pago de hasta tres años, condonaciones y tasas subsidiadas. También impulsan la reestructuración de créditos UVA, mayores controles financieros y la reintroducción de créditos otorgados por ANSeS, financiados mediante impuestos a bancos y plataformas digitales.
Un informe de 1816, basado en datos del Banco Central, indica que la mora en préstamos bancarios a familias creció en abril hasta alcanzar un récord del 12%, 0,5 puntos porcentuales más que en marzo. Esto representa a 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular. Además, el incumplimiento en préstamos otorgados por entidades no financieras subió al 31,5% de los clientes.
En este contexto, el sector financiero se ha comunicado con legisladores de la comisión que analiza los proyectos sobre mora, encabezada por Hugo Yasky (Unión por la Patria). “Los bancos solicitaron una reunión, pero aún no se concretó porque no enviaron formalmente la petición por correo electrónico; estamos trabajando para unificar los proyectos en uno o dos”, confirmó el diputado. También mantienen diálogo con representantes de La Libertad Avanza.
Aunque los banqueros consideran que la campaña actual de “desendeudamiento familiar” no ha logrado consensos suficientes, siguen con atención las negociaciones para unificar proyectos. Observan inquietos la posible alianza entre el kirchnerismo, peronismo federal, radicales, ex PRO, la Coalición Cívica, ex miembros de La Libertad Avanza y la izquierda.
En paralelo, el sector financiero acudió al Banco Central. En reuniones reservadas, pidieron al equipo de Santiago Bausili reducir la periodicidad en la difusión de datos de la central de deudores, que clasifica a los clientes en una escala del 1 al 5 —donde 1 es el estado ideal y 5 el más crítico—, con un lapso mínimo de dos meses. Según una fuente ligada a la banca privada, “la idea es que quien tomó un crédito conozca su situación antes; el Banco Central está de acuerdo, pero para eso los bancos deben compartir su base de datos”. En contraste, desde bancos públicos descartaron esta posibilidad al no considerar que exista un riesgo sistémico. La autoridad monetaria no brindó declaraciones al respecto.
La última acción del Banco Central en esta materia data de la pandemia en 2020, cuando extendió 60 días los plazos para considerar la mora en las clasificaciones crediticias y suspendió temporalmente recategorizaciones más estrictas. Aunque el nivel actual de endeudamiento supera al de aquella crisis sanitaria global, el Central sostiene que la mora alcanzó un pico y desde los bancos estiman que comenzará a bajar en junio.
En declaraciones recientes, Luis Caputo ofreció una postura ambivalente: primero, atribuyó la situación a deudores que “tomaron créditos a tasas muy altas apostando a que la inflación licuaría sus pasivos”; luego, reveló que pidió a bancos privados refinanciar a ciertas personas en mora; y finalmente, bajo su supervisión, se sumó la asistencia del Banco Nación con una tasa financiera total de hasta 9% mensual, casi cuatro veces la inflación.
El Gobierno optó por evitar el debate en el Congreso por temor a que una eventual regulación retrase la recuperación económica. Los bancos advirtieron que, si se fijaran tasas limitadas, encarecerían el crédito. Con tasas reales más altas para prestar, la reactivación económica se postergaría. En mayo, por ejemplo, el crédito en pesos al sector privado volvió a descender debido a la mora y al endurecimiento de los requisitos.
