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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, apelaron sus procesamientos en la causa por retención indebida de impuestos y aportes previsionales, dictados por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.
Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes procesados llevarán sus recursos a la Cámara Penal Económico, donde se revisarán sus situaciones procesales. Esta instancia será clave, ya que, si la Cámara ratifica los procesamientos, ambos dirigentes quedarán habilitados para ser enviados a juicio oral.
Junto a Tapia y Toviggino apelaron también el gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez; la secretaria general, Cristina Malaspina; y el exsecretario general Víctor Blanco. La semana pasada, el juez Amarante los procesó por delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada. En el caso de Tapia y Toviggino, el procesamiento incluyó 34 hechos de apropiación de tributos y 17 de aportes de la seguridad social. Además, se les ratificó la prohibición de salir del país y se les impuso un embargo por 350 millones de pesos.
En su resolución de 140 páginas, el magistrado sostuvo: “Se encuentra acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la participación dolosa de Claudio Fabián Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Gustavo Roberto Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina —estos dos últimos según el período de intervención acreditado en cada caso— en los hechos investigados.”
Específicamente, los dirigentes no pagaron en término 19.300 millones de pesos correspondientes a impuestos y retención de aportes entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pese a que la AFA contaba con fondos suficientes. En el caso de Tapia, el juez destacó que, como presidente de la entidad, es titular de las cuentas bancarias y posee la clave fiscal de la AFA.
La defensa argumenta que la deuda está regularizada: una parte ya fue abonada, incluso con intereses, y el resto se encuentra bajo un plan de pagos. También alegan que hasta mediados de año rigen resoluciones de la AFIP y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales contra asociaciones civiles como la AFA, y que, mientras estas imposibilidades estén vigentes, las deudas no pueden ser reclamadas ni ejecutadas.
Las apelaciones serán analizadas por la Cámara en lo Penal Económico, un tribunal integrado actualmente por dos jueces, Roberto Hornos y Carolina Robigilio. El gobierno de Javier Milei envió al Senado los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para cubrir dos vacantes pendientes, quienes podrían intervenir en el caso según el avance en el Senado.
El fallo de la Cámara será fundamental: si confirma los procesamientos, la causa estará en condiciones de ser remitida a juicio oral y público, siempre que el juez de primera instancia considere que no hay más pruebas para recabar. Las defensas aún podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Entre las cuestiones pendientes, el tribunal debe resolver un planteo de los acusados que solicitan el sobreseimiento, sosteniendo que no cometieron delito.
