El Estado argentino continúa su retiro definitivo de la estructura accionaria de Transener, el principal operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país. Según informó la Secretaría de Energía, el Gobierno recibió tres ofertas por un total de USD 887 millones para adquirir el 50% de Citelec, la sociedad que controla Transener y cuyo capital accionario el Estado comparte con Pampa Energía.
La oferta ganadora fue presentada por el consorcio integrado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A., con un monto de USD 356.174.811,78. Este grupo se convertirá, sujeto a confirmación oficial, en el nuevo co-controlante de Citelec junto a la firma dirigida por Marcelo Mindlin. Las otras dos propuestas fueron de Central Puerto S.A., que ofreció USD 301 millones, y Edenor S.A., con USD 230 millones. El precio base fijado en el pliego era de USD 206 millones, considerado por distintos actores del mercado como subvaluado.
Según confirmó la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, las tres ofertas superaron el piso establecido, aunque sólo una será adjudicataria de la operación. La definición formal se espera para mayo, conforme al cronograma oficial.
El consorcio ganador está compuesto por Jorge Brito, presidente y accionista de Genneia y propietario del Banco Macro; y los hermanos Patricio y Juan Neuss, del Grupo Edison, junto a socios del fondo Inverlat, que incluyen a Federico Salvai, dueño de Havanna, y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan. Aunque se presentaron bajo una Unión Transitoria de Empresas (UTE), cada empresa actuará de forma independiente y las acciones quedarán separadas.
Esta operación se enmarca en un plan más amplio del Gobierno para reducir su participación en el sector energético, siguiendo el antecedente inmediato de la privatización de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, por las cuales se recaudaron USD 700 millones destinados a fortalecer las reservas internacionales y brindar liquidez fiscal frente a compromisos financieros relevantes.
La relevancia de Transener radica en la escala e impacto de su infraestructura sobre el sistema eléctrico nacional. La empresa administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, constituyendo la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Junto a su subsidiaria Transba, controla aproximadamente el 85% de la transmisión eléctrica nacional, con una red que se extiende cerca de 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz. En total, opera más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y cuenta con 160 estaciones transformadoras. Transener es el único operador de alta tensión en el país y mantiene una disponibilidad superior al 99,7%, con una plantilla de más de 1.770 empleados distribuidos en cinco regiones operativas con centros de control integrados y monitoreo constante.
Genneia, principal generadora de energías renovables del país, posee una capacidad instalada de más de 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Desde enero de 2026, está presidida por Jorge Brito, quien también preside el Banco Macro. Según Forbes, la familia Brito ocupa el lugar 13 en el ranking de las 50 personas más ricas de Argentina, con una fortuna estimada en USD 1.450 millones. Brito también presidió el Club Atlético River Plate entre 2021 y 2025.
Edison Transmisión es el brazo de transmisión de Edison Energía, holding fundado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, tercera generación de una familia con más de 120 años de trayectoria empresarial. Sus socios incluyen Inverlat Investments, integrado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, además de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, principal accionista y CEO de Newsan. Edison cuenta con experiencia en gestión de infraestructura energética regulada, operando distribuidoras como Edersa en Río Negro, EDET en Tucumán, Ejesa en Jujuy, así como la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa en Mendoza.
La licitación nacional e internacional estuvo habilitada únicamente para empresas precalificadas por la Comisión Evaluadora. El objetivo principal del Gobierno fue captar fondos para el Tesoro y fomentar la inversión privada en infraestructura esencial, manteniendo la continuidad del servicio bajo la supervisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según los documentos de Energía Argentina S.A. (ENARSA), las concesiones se consideran “monopolios naturales regulados” con plazos de operación de hasta 95 años para la red de alta tensión.
Esta privatización está amparada en la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que declaró la sujeción de ENARSA a la privatización, y avanzó mediante el Decreto 286/2025 y las resoluciones ministeriales correspondientes. Forma parte de un plan integral de desinversión que abarca 15 activos de ENARSA, con el fin de reducir la participación pública en el sector energético argentino.
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